Se “filtró” a medios periodísticos una pretendida propuesta de reforma penal —cuya autoría se atribuyó al titular de la FGR— con aspectos sumamente preocupantes por sus implicaciones negativas para la democracia, los derechos humanos y, en particular, el debido proceso.
Aunque se trata de discusiones que a primera vista parecen altamente técnicas, hay análisis que nos ayudan a comprender la gravedad de esto: te recomendamos este artículo de José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Corte, quien ofrece un panorama de cómo dicha propuesta ataca la independencia judicial y permite al poder político acumular funciones y controlar a quienes, por definición, deben gozar de independencia: las y los impartidores de justicia. Lee: “Golpe a la independencia judicial” en ‘El Universal’ 👇🏽
El 14 de enero de 2020 circuló en redes sociales el borrador de lo que parecía ser una iniciativa presidencial para reformar diversos artículos constitucionales. Al día siguiente se realizó una reunión en el Senado para presentarlo, junto con otros textos en semejante condición. Por causas para mí desconocidas, se pospuso la presentación de las iniciativas para el periodo ordinario de sesiones que habrá de iniciar el próximo 1° de febrero. Una parte de los borradores en materia constitucional alude a la creación de jueces y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, que serían competentes para conocer de delitos de corrupción y en contra de la administración de justicia cometidos por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, al saber de procesos penales federales. Los mismos serían designados por el Senado de las ternas propuestas por el Presidente, durarían en el cargo nueve años y estarían bajo la administración de la Suprema Corte y la vigilancia y disciplina del propio Senado.
* Publicado en www.eluniversal.com.mx [enero 28, 2020]
